1- ¿Por qué hablamos de un proceso de paz?

Tras más de 50 años de violencia y dolor, el último conflicto armado de Europa Occidental se introdujo en su fase de resolución tras la Conferencia Internacional de Aiete (Donostia, Euskal Herria) celebrada el 17 de octubre de 2011. Bajo el auspicio de reconocidas personalidades internacionales (Kofi Annan, Pierre Joxe, Bertie Ahern y Gro Harlem), esta conferencia sentó las nuevas bases para la construcción de una paz justa y duradera en el País Vasco. Se inició un nuevo proceso de paz.

a) Secuencias de negociación previas

Este nuevo proceso llegó tras varios intentos fallidos de negociación entre ETA y el Gobierno español, el primero de los cuales tuvo lugar en Argel en 1989. En 1998, un total de 23 organizaciones firmaron los acuerdos Lizarra-Garazi, que finalmente no fueron aplicados. Luego, de 2001 a 2007, se celebraron una serie de reuniones conocidas como el Proceso de Loiola, que no condujeron a nada concreto.

b) La Conferencia Internacional de Aiete

La Conferencia Internacional de Aiete dio lugar a una hoja de ruta que propone un método para superar y resolver el conflicto. La misma se divide en cinco puntos:

1.- “Llamamos a ETA a hacer una declaración pública de cese definitivo de la actividad armada, y solicitar diálogo con los gobiernos de España y Francia para tratar exclusivamente las consecuencias del conflicto.
2.- “Si dicha declaración fuese realizada instamos a los gobiernos de España y Francia a darle la bienvenida y aceptar iniciar conversaciones para tratar exclusivamente las consecuencias del conflicto.
3.- “Instamos a que se adopten pasos profundos para avanzar en la reconciliación, reconocer compensar y asistir a todas las víctimas, reconocer el dolor causado y ayudar a sanar las heridas personales y sociales.
4.- “En nuestra experiencia de resolver conflictos hay a menudo otras cuestiones que si son tratadas pueden ayudar a alcanzar una paz duradera. Sugerimos que los actores no violentos y representantes políticos se reúnan y discutan cuestiones políticas así como otras relacionadas al respecto, con consulta a la ciudadanía, lo cual podría contribuir a una nueva era sin conflicto. En nuestra experiencia terceras partes observadoras o facilitadoras ayudan el diálogo. Aquí, el diálogo también podría ser asistido por facilitadores internacionales si así fuese decidido por las partes involucradas.
5.- “Estamos dispuestos a organizar un comité de seguimiento de estas recomendaciones”.

ETA responde favorablemente el 20 de octubre de 2011 anunciando el cese definitivo de la lucha armada.

 

2- La sociedad civil, motor del proceso

a) Bake Bidea

Tras la conferencia de Aiete, la sociedad civil se organizó. Se creó el movimiento civil Bake Bidea (“el camino de la paz”), que fomentó la reflexión y la movilización permanente en torno a las cuestiones que están en juego en el proceso de paz en el País Vasco. Al mismo tiempo, los representantes electos y/o políticos elaboraron una hoja de ruta en la que se detallaban las etapas para el avance del proceso y la implicación del Estado francés: fue la Declaración de Baiona.

Se construyó un consenso transversal en la mayoría del espectro político y se consolidó en una conferencia humanitaria celebrada en París en junio de 2015, con la presencia de Michel Joinet, Michel Tubiana, Serge Portelli y Pierre Joxe.

A pesar de la voluntad declarada por ETA de iniciar una negociación sobre las consecuencias del conflicto, los Estados francés y español no dieron ningún paso. Asimismo desoyeron la voluntad de la mayoría política y social del territorio. Así, el proceso se estancó, por lo que comenzó el debilitamiento de su viabilidad por no haberse abordado las consecuencias (el proceso de desarme, la desmovilización y reintegración de ETA, las víctimas, la memoria, la verdad) .

b) Artesanos de la Paz

Como resultado, la sociedad civil asume plenamente el proceso y ETA delega la responsabilidad de su desarme en Michel Berhocoirigoin, Txetx Etcheverry y Michel Tubiana. El 16 de diciembre de 2016 en Luhuso, fueron detenidos Michel Berhocoirigoin y Txetx Etcheverry junto a otras tres personas precisamente cuando iban a emprender el desarme de ETA neutralizando su arsenal. Todos ellos son personalidades conocidas en el País Vasco, comprometidas con la paz. Al día siguiente de su detención, se organizó una gran manifestación en Baiona, que reunió a miles de ciudadanos y representantes electos. Tras su detención fueron puestos en libertad vigilada y bajo fianza. Sin embargo, el suceso creó tal conmoción que la necesidad de encontrar una solución al problema quedo en evidencia como nunca antes había ocurrido.

Así, se procede a la organización del día del desarme con el apoyo de medio centenar de Artesanos de la Paz, personalidades políticas y miembros de la sociedad civil vasca para el 8 de abril de 2017. Durante esa jornada más de 20.000 personas se congregaron en las calles de Baiona para mostrar su deseo de abrir una nueva etapa. Por la mañana, se facilitó a las autoridades francesas las coordenadas de los arsenales de armas. La Policía se dirigió al lugar donde aguardaban 172 testigos-observadores que representaban a la sociedad civil. Fueron entregadas a las autoridades 3,5 toneladas de armas, explosivos y municiones, correspondientes al total del arsenal bajo control de ETA según la Comisión Internacional de Verificación, que validó el desarme completo de ETA.

Desde entonces, Bake Bidea, los Artesanos de la Paz y la Delegación del País Vasco han continuado trabajando de manera incansable y de forma voluntaria y no violenta para que siga desarrollándose el proceso de paz en Euskal Herria.

3- Resolver las consecuencias del conflicto mediante el diálogo.

a) Contenidos y etapas de la Declaración de Baiona

En 2014 cargos electos de Euskal Herria y representantes de un amplio espectro político mostraron su decidido compromiso para hacer su aportación al proceso de paz al aprobar la Declaración de Aiete y los puntos que se recogen en la misma. A través de la Declaración de Baiona, identificaron las oportunidades reales para dar pasos hacia la convivencia y sentar las bases de una paz duradera en el conjunto de Euskal Herria.

Esta declaración (véanse los anexos) reafirma la indispensabilidad del diálogo entre el Gobierno francés y ETA, lo cual permitiría adoptar posibles medidas dentro del marco legal, respetuosas con los derechos humanos, pero en la misma también se establecen medidas que requieren de un consenso político y un nuevo marco legal, así como otras relativas al fin de la actividad armada de ETA. Pide la creación de una Comisión de la Verdad y la Reconciliación formada por expertos que se ocupe de las consecuencias del conflicto y establezca el reconocimiento mutuo del sufrimiento de todas las víctimas. Por último, insta a la dotación de un marco institucional específico para Ipar Euskal Herria que permita alcanzar una paz duradera.

b) Balance del espacio de diálogo desde su creación hasta la actualidad

En julio de 2017 se abrió un espacio de diálogo entre el Ministerio de Justicia y una delegación plural (representantes electos, Artesanos de la Paz). Inicialmente su objetivo era poner fin a la aplicación de las medidas excepcionales: deportación, estatus de preso especialmente vigilado, libertad condicional, suspensión de la pena. El ciclo de encuentros iniciado en una primera fase, que fue consensuado con los presos, supuso el acercamiento y/o la reagrupación de la casi totalidad de los presos (en Lannemezan y Mont-de-Marsan para los hombres y en Rennes para las mujeres que lo quisieran), así como el levantamiento de la mayoría del estatuto DPS. Esta fase tuvo sus momentos de impasse, lo que requirió de una gran labor pedagógica, sobre todo con el Ministerio de Justicia y la administración penitenciaria.

c) Bloqueo

Sin embargo, desde el principio, este ámbito de debate ha estado marcado por un gran obstáculo: el tratamiento de estos expedientes sólo se hace a través del prisma de la lucha contra el terrorismo. Este ha sido el caso de la conciliación y el levantamiento del estatus DPS, y sigue siendo el caso de los ajustes de sentencia. Se niega el cambio radical del contexto en Euskal Herria. En consecuencia, no se tienen en cuenta los principales pasos y avances (desarme de ETA, disolución de la organización ETA el 3 de mayo de 2018, conferencia de convivencia con presencia de diferentes víctimas en junio de 2019).

La actitud de la Fiscalía Nacional Antiterrorista (PNAT) es preocupante de manera particular. Al apelar sistemáticamente a las decisiones de los jueces de primera instancia que permiten el ajuste de las sentencias, se basa en una posición sistematizada que sigue anclada en una lógica del pasado. Cierra cualquier perspectiva de reajuste de las penas y, por último, es contraria a la opinión de los jueces de primera instancia y de la fiscalía de Baiona, los cuales han tomado nota de la nueva situación política y son favorables a los reajustes de las penas.

d) Consecuencias del conflicto: ¿qué está en juego?

– Garantizar que no se vuelva a repetir

Un proceso de paz elaborado y ratificado en debida forma entre las partes beligerantes es una garantía de que el conflicto va a terminar. El proceso irlandés (firmado el 10 de abril de 1998) o, más recientemente, el proceso colombiano (24 de agosto de 2016) son dos ejemplos. Sin embargo, el proceso de paz vasco sigue siendo un caso único en la historia. Es el único en el que dos estados, España y Francia en este caso, se han negado a implicarse, pese a estar directamente afectados por el fin de la lucha armada de una organización violenta.

No obstante, la autodisolución de ETA fue declarada solemnemente en Ginebra y Kanbo, respectivamente los días 3 y 4 de mayo de 2018, en presencia de una amplia delegación extranjera y de numerosos cargos electos vascos. Con esta iniciativa se cierra un capítulo importante de la historia reciente de Euskal Herria.

Una de las cuestiones fundamentales que están en juego en el avance del proceso es la no repetición de los episodios que provocaron tanto sufrimiento en la sociedad civil. Esta preocupación fue compartida por el presidente de la República, Emmanuel Macron, quien el 17 de mayo de 2019 manifestó lo siguiente en Biarritz: “La cuestión vasca es una cuestión importante para mí. El País Vasco es para mí un ejemplo, cuando miro los últimos años, de resolución de un conflicto y de salida de las armas. ¿A qué se debe esto? Debemos rendir homenaje a muchos representantes electos de la región, a muchos representantes electos de la parte francesa y española, por su voluntad de llevar a cabo este trabajo de reflexión y reconciliación. El deber del Estado es acompañar este movimiento. No hay que hacer tartamudear a la historia, hay que acompañarla”.

Sin embargo, los importantes pasos dados desde Aiete no han supuesto un cambio radical en el tratamiento de los asuntos vascos.

– Historias, recuerdos y convivencia

El objetivo del proceso de paz no es trazar una línea en el pasado. Se trata de comprender los motivos de los Estados implicados y, sobre todo, las consecuencias para las familias de los presos y de las víctimas. Esta es la tarea que se ha propuesto Bake Bidea, con la intención de sentar las bases de una acción reparadora a largo plazo. No pueden ser eliminadas mágicamente varias décadas de una historia sangrienta con una goma de borrar. Todos se han dado cuenta de que un proceso de paz debe ser exigente, ayudado y guiado hacia la búsqueda de la verdad, la justicia, la reparación y la memoria, en aras de lograr la convivencia.

d) Normas internacionales

– La cuestión de los presos en el mundo: acuerdos políticos y justicia transicional.

A diferencia del proceso que se está llevando a cabo en Euskal Herria, la mayoría de los países que han vivido un conflicto armado acaban firmando acuerdos políticos. En este contexto se aborda la cuestión de la liberación de presos. Cada conflicto encuentra su propia salida política en función de su contexto, su historia o su intensidad a través de acuerdos de paz, alto el fuego o acuerdos de reconciliación. Los acuerdos políticos posibilitan soluciones intermedias entre la justicia de los vencedores y vencidos y una ley de amnistía general.

Así, en el conflicto irlandés, el llamado Acuerdo de Viernes Santo llevó a la aprobación de una ley específica en la República de Irlanda y en Gran Bretaña y a la creación de una Comisión de Revisión de Sentencias. En Sudáfrica llegaron a otro compromiso: se encargó a una Comisión de la Verdad y la Reconciliación la tarea de amnistiar o no los actos cometidos (y por tanto a sus autores) durante el régimen del Apartheid.

Para acompañar esta cuestión tan dolorosa para las familias de las víctimas, otros mecanismos deben garantizar sus derechos fundamentales. Así, desde hace algunos años, el concepto de justicia transicional ha ido ganando terreno en los temas de resolución de conflictos. Se basa en cuatro pilares esenciales: el derecho de todas las víctimas a la justicia, a la verdad, a la reparación y a las garantías de no repetición. Estos cuatro pilares pueden adaptarse a cada contexto específico para responder mejor a las necesidades locales: no hay una receta única en este sentido.

Por lo tanto, tratar el tema de los presos no es una negación de la justicia para las víctimas siempre que sea el resultado de un consenso político y sean puestos en marcha otra serie de mecanismos. A la vista de la evolución del proceso de paz en Euskal Herria, especialmente tras el desarme unilateral al margen de los acuerdos políticos, pero también a la vista de las experiencias internacionales, es posible replantear la situación de los presos vascos.

– ¿Qué es la justicia transicional?

La Justicia Transicional (TJ) es un término que más utilizado en los mecanismos de resolución de conflictos. Se ha convertido en una especie de término comodín. Lo que hay que entender es que la Justicia Transicional es un conjunto de mecanismos que deben permitir a las sociedades que han vivido un conflicto, un pasado violento, violaciones masivas de los derechos humanos, 1) que las víctimas tengan garantizadas sus derechos y que no arraigue la impunidad (derecho a la justicia); 2) que se tomen medidas para esclarecer los crímenes del pasado (derecho a la Verdad); 3) que se busquen maneras de reparadoras para las víctimas y también para el conjunto de la sociedad (derecho a la reparación); 4) que se tomen medidas a nivel institucional para que las razones (injusticia, iniquidad, poder autoritario, etc.) que llevaron al conflicto dejen de ser válidas y para que la violencia no se repita (derecho de reforma o garantías de no repetición).

En este sentido, la Justicia Transicional no se trata de algo simple: es un todo, un conjunto de mecanismos que en su conjunto deben permitir la reconciliación. Sobre todo, no es una respuesta mágica y única. Cada conflicto, cada región, tiene sus propias especificidades y la forma de responder a no es necesariamente la misma en Guatemala, Burundi, Camboya o Canadá. Si bien hay mecanismos unánimemente reconocidos en su concepto básico, su aplicación es necesariamente diferente según el contexto en el que se lleven a cabo.

– Acciones y líneas de trabajo

El conflicto vasco no tiene una definición unánime ni una comprensión común de las causas que lo provocaron. Esta es una tarea que la sociedad en su conjunto y los actores del conflicto aún no han emprendido. Sin embargo, han existido expresiones de violencia en diferentes formas, tanto al norte como al sur de los Pirineos. En general, suele considerarse cada conflicto como un bloque monolítico, pero cada territorio, cada generación, cada parte interesada, tiene su propia experiencia en el mismo. Este es el trabajo que queda por hacer: reunir cada punto de vista para no oponer más las memorias, sino confrontarlas para hacer surgir una visión común de un futuro en convivencia y enseñar esta memoria a las próximas generaciones con el fin de atenuar las frustraciones y evitar el retorno a la violencia basada en las mismas causas que la que vivimos.

A partir de esta observación, se puede decir que en Euskal Herria existe una enorme falta de comprensión común de los acontecimientos pasados, sus causas y consecuencias, pero también, a veces, una negación de ciertos actos o de su significado. Es así como se justifica la puesta en marcha de mecanismos de Justicia Transicional en el País Vasco, los cuales debieran articularse en torno a unos elementos clave que necesariamente debiran ser explorados y confrontados con todos los actores de una sociedad (jóvenes, políticos, asociaciones, víctimas, etc.), pero que también pudiera incluir los siguientes aspectos: establecer los hechos de forma justa y calificarlos en todo Euskal Herria (tanto al norte como al sur); hacerlos públicos; compartirlos y acercarse a una lectura común de la Historia; reconocer a las víctimas en su condición de tales; reconocer las responsabilidades individuales y colectivas; indemnizar a las víctimas (individual o colectivamente); fomentar la aparición de iniciativas compartidas de memoria individual y colectiva en cada parte del territorio que sufrió la violencia; reducir la asimetría entre el exceso de justicia por un lado (represión generalizada, implacabilidad, dispersión de los presos) y la ausencia virtual de justicia en los casos de tortura, GAL, etc.

 

4- ¿Cuál es la situación del proceso de paz?

a) Estancamiento

El proceso de paz está estancado y, a pesar de los significativos avances, se ha estancado en la cuestión de los presos.

El destino de los dos presos más antiguos de ETA, Jakes Esnal y Ion Parot (condenados a cadena perpetua en abril de 1990) es un ejemplo perfecto. Estos presos, que tienen más de 71 años, comenzaron su 32º año de prisión en abril de 2022. Los jueces de ejecución de penas están a favor de su libertad condicional. Pero el PNAT, al recurrir estas decisiones, se ha opuesto sistemáticamente a su liberación y reinserción, resucitando así una sentencia de muerte disfrazada de prisión hasta el final de sus vidas.

Esta situación de bloqueo provoca una impaciencia creciente en el Ipar Euskal Herria. ¿Por qué las palabras expresadas por el presidente de la República no se han traducido en la aplicación de una nueva política penal? Sabemos que si bien no es posible intervenir oficialmente en casos individuales, sí es posible dar pautas sobre una situación general que ha evolucionado de forma radical y positiva, y que debe ser tenida en cuenta.

Si bien no parece haber cambios en París, al mismo tiempo se han observado movimientos recientes en Madrid. El traslado de más de un centenar de presos a Euskal Herria y la evolución del estatus (o grados) atribuido a los presos, sugieren nuevas perspectivas.

b) Una nueva fase de movilización

Ante la sensación de indiferencia por parte del Estado hacia la resolución de la cuestión de los presos, paso imprescindible para la continuación del proceso, los Artesanos de la Paz y Bake Bidea lanzaron el 8 de enero de 2022 una nueva fase cuyo objetivo es conseguir la liberación de Jon Parot y Jakes Esnal lo antes posible y encontrar una solución para todos los presos en los estados francés y español, incluido Unai Parot, detenido en España.

Esta nueva fase está marcada por una serie de acciones más contundentes, decididas y espectaculares, que pueden llegar hasta la desobediencia civil con sus características: es un acto personal y responsable, pero realizado en colectivo, de forma pública, asumida, transparente y no violenta, con respeto a cada persona y preocupación por la democracia. Se trata de dar la voz a la sociedad vasca al más alto nivel del Estado en las próximas elecciones legislativas.

Juntos, los representantes elegidos, las organizaciones y los activistas de las asociaciones siempre han mostrado su preocupación por valorar lo que les une y no lo que les separa. No se puede dejar a las generaciones futuras que paguen lo que no hemos conseguido.

C) Presos

199 presos encarcelados en Hego Euskal Herria, Estados francés y español.

54,5 % en Hego Euskal Herria (108 presos)

35 % en el Estado español (70 presos)

10,5 % en Estado francés ( 21 presos)

El 13,5 % son mujeres ( 27 presas)

El 86,5 % son hombres (172 presos)

El 25 % de los presos ha cumplido 3/4 de su condena.

El 7,5% está gravemente enfermo (15 presos, uno de ellos en Francia)

El 12% tiene más de 60 años (7 de ellos más de 70)

El 22,5 % podría obtener una acumlación de penas a nivel europeo.